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Nuevas legislaciones: ¿leyes para una clase?

Por Miriam Celaya.
Con el peculiar estilo críptico de los pronunciamientos oficiales, la ministra de Justicia, María Esther Reus, ha anunciado recientemente que el gobierno “ajustará y compatibilizará” las normas jurídicas a tenor de las decisiones que se adopten en el VI Congreso del Partido Comunista, que deberá celebrarse entre los próximos 16 y 19 de abril.

Dichas declaraciones, pronunciadas en el marco del Tercer Congreso Internacional Juriscuba 2011, hacen referencia a una “actualización normativa” y a un “perfeccionamiento legislativo” en correspondencia “con la nueva realidad nacional y los objetivos propuestos”, proceso que —según planteó— “elevará el papel del asesoramiento legal” y será vital para el perfeccionamiento y las contrataciones económicas de las empresas cubanas.

Poco se puede dilucidar de un texto que evita las precisiones; no obstante, al subordinarse implícitamente la actualización de las normas jurídicas a las disposiciones que dimanen de un Congreso cuyos lineamientos han resultado altamente cuestionables, incluso dentro de las propias filas de militantes del PCC, es de esperar que las nuevas leyes adolezcan también de flagrantes omisiones.
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Una asociación jurídica independiente logra llevar al gobierno ante el Tribunal Supremo.

El caso, del cual no habría precedentes, debe tener solución en 20 días.

El Tribunal Supremo realizó este viernes, a puerta cerradas, la vista oral de una demanda que no tendría precedentes y que enfrenta a una entidad fuera del control oficial, la Asociación Jurídica Cubana (AJC), con el Ministerio de Justicia.

La demanda fue interpuesta por la AJC contra el ministerio, en la persona de su titular, María Esther Reus, por la falta de respuesta administrativa a la solicitud de una certificación necesaria para la legalización de la Asociación.

El proceso comenzó en abril de 2007 (vea los documentos), cuando la AJC presentó al Registro de Asociaciones la solicitud de un certificado que estableciera si existía o no en el país una entidad con el mismo nombre y objetivo.

El requisito es un paso previo a la inscripción de la AJC en el Registro.

Después de casi un año sin respuesta, la AJC presentó nuevamente la solicitud, otra vez sin éxito. La entidad independiente decidió entonces llevar el caso ante el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana, que falló contra la Asociación, alegando supuestos “errores de procedimiento”.

Tras la vista oral de este viernes, el Tribunal Supremo tiene 20 días para comunicar su dictamen.

El abogado Wilfredo Vallín, presidente de la AJC, dijo a DIARIO DE CUBA, que sólo él pudo asistir a la vista. Las autoridades impidieron el acceso a la sala del resto de las personas interesadas en el caso que acudieron a la sede del Tribunal, entre ellas las blogueras Claudia Cadelo y Yoani Sánchez, según confirmó esta última en su Twitter.
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