La condena de seis disidentes mediante juicios sumarios por el simple hecho de haber ejercido sus derechos fundamentales demuestra que Cuba continúa abusando del sistema de justicia penal para reprimir el disenso, señaló Human Rights Watch. El gobierno de Raúl Castro debería ordenar la liberación inmediata de estos presos, que recibieron condenas que van de los dos a los cinco años de prisión, y debería poner fin a la represión por razones políticas de cubanos que ejercen sus libertades fundamentales, afirmó Human Rights Watch.

El 31 de mayo, cuatro personas fueron condenadas en La Habana por distribuir panfletos que criticaban a Raúl y a Fidel Castro, en tanto otros dos defensores de derechos humanos fueron condenados en Holguín el 24 de mayo por “ultraje a los símbolos patrios” y “desorden público” en relación con actos que, según ellos, no ocurrieron.

“Con esta nueva serie de juicios, el gobierno de Castro envía un claro mensaje a los disidentes que la situación en Cuba no ha cambiado”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Criticar al gobierno en forma pública todavía puede ser razón suficiente para recibir una pena de prisión severa”.

Luis Enrique Labrador, de 33 años; David Piloto, de 40; Walfrido Rodríguez, de 42; y Yordani Martínez, de 23, fueron condenados el 31 de mayo en la Habana por desacato y desorden público. Human Rights Watch pudo acceder a una copia de un documento oficial presentado por el fiscal del Estado ante la sala de lo penal del Tribunal Municipal Popular de Plaza de la Revolución, donde se indica que estas cuatro personas fueron detenidas el 14 de enero, cuando se acercaron a la Plaza de la Revolución de Holguín y lanzaron volantes al aire que decían “Abajo los Castro”. Al llegar a la plaza un grupo de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, estas personas se sentaron en el piso, y este acto fue considerado por el fiscal como “una actitud desafiante y provocadora (…) con la cual lograron interrumpir el tránsito vehicular”. Martínez fue condenado a tres años de prisión, mientras que los otros tres hombres recibieron una pena de cinco años, según informaron sus familiares y defensores de derechos humanos en Cuba.

Los familiares de estos hombres dijeron a Human Rights Watch que el día previo al juicio habían sido visitados por agentes de seguridad del Estado, quienes les advirtieron que si “armaban bulla” y generaban atención en torno al juicio, los detenidos permanecerían en prisión preventiva por tiempo indefinido. Una de las madres afirmó ser despedida de su empleo como mensajera el pasado abril; al exigir que le explicasen los motivos, solo le dijeron que “no había trabajo para la madre de un contrarrevolucionario”. Las familias también informaron a Human Rights Watch que en mayo Martínez y Piloto iniciaron una huelga de hambre en la cárcel de Valle Grande para exigir que comenzara el juicio. Según contaron a sus familiares, habrían sido esposados y golpeados por uno de los guardias penitenciarios.

En una entrevista grabada con el defensor de derechos humanos cubano Juan Carlos González Leiva, que fue luego reproducida para Human Rights Watch, Rodríguez se refirió al juicio como “una vil burla”. Dijo que el juez simplemente se limitó a confirmar la pena propuesta por el fiscal e ignoró los argumentos de la defensa. Elizardo Sánchez, director de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (una organización independiente de derechos humanos que no ha sido reconocida por el gobierno cubano), dijo a Human Rights Watch que la sede del juicio fue rodeada por agentes de seguridad del Estado para impedir que defensores de derechos humanos y otros miembros del público pudieran asistir.

El 24 de mayo, los hermanos Marcos Maikel Lima Cruz, de 33 años, y Antonio Michel Lima Cruz, de 28 años, ambos miembros de una organización de derechos humanos de Holguín llamada Pedro Luis Boitel, fueron condenados a tres y dos años de prisión respectivamente durante un juicio sumario celebrado a puerta cerrada. Su padre, el periodista independiente Marcos Antonio Lima Dalmau, señaló que ambos fueron arrestados el 25 de diciembre de 2010. Lima Dalmau fue autorizado a presenciar el juicio de sus hijos y contó que fueron acusados de ultraje a los símbolos patrios y desorden público por haber supuestamente bailado desnudos frente a su vivienda y haber escupido, orinado y pisoteado una bandera cubana, hechos que fueron negados por ambos.

Human Rights Watch cree que las acusaciones fueron inventadas para poder procesar a los hermanos como retaliación por su trabajo en derechos humanos. Según Lima Dalmau, uno de los testigos que declaró en el juicio dijo que había acompañado a los policías cuando inspeccionaron la vivienda de los hermanos y que había visto que la bandera estaba intacta en una pared.

Las leyes cubanas autorizan al Estado a penalizar casi todas las formas de disenso y conceden a los funcionarios una extraordinaria discreción para sancionar a las personas que intentan ejercer sus derechos fundamentales. El Código Penal cubano penaliza a todo aquel que “amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes o auxiliares”. Las infracciones a esta norma se sancionan con penas de prisión de uno a tres años cuando la ofensa se dirige a funcionarios de alto rango. Este tipo de leyes vulneran el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscripto por Cuba en 2008.
“Los disidentes fueron juzgados por sus convicciones políticas y por haberse atrevido a hacer valer derechos que todos los cubanos deberían poder ejercer”, expresó Vivanco. “No deberían haber sido juzgados nunca, y mucho menos condenados.

Fuente: Human Rights Watch